ROIPRESS / ESPAÑA / JUSTICIA - Algunos Colegios de Procuradores españoles han manifestado su oposición a la propuesta del Ministerio de Justicia sobre el Real Decreto 307/2022 y lo han rechazado categóricamente.
Con el fin de promover la libre competencia entre la Procura, el Real Decreto obliga a los procuradores a proporcionar a sus clientes un presupuesto inicial de sus honorarios, indicando claramente que la propuesta es una reducción de los honorarios máximos fijados por el Real Decreto.
Una reducción de honorarios no acorde al trabajo que se realiza
Estos colegios de procuradores españoles consideran inaceptables las reducciones de honorarios contenidas en el nuevo decreto, basadas en los ingresos de más 10.000 Procuradores que ejercen en España.
Los derechos arancelarios de los Procuradores están regulados por el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre de 2003.
Estos aranceles han estado congelados durante 19 años (de febrero de 2003 a febrero de 2022), mientras que la inflación ha subido un 44,5 %. No es posible reducir la tasa, al menos sin ajustarla al índice oficial de precios al consumo.
Proponen una solución diferente
Como procuradores en España, piden la introducción de un arancel completamente nuevo, con un nuevo nombre y tipos que reflejen la realidad actual.
En este contexto, los procuradores y los ciudadanos deben ser respetados para que puedan esperar un servicio profesional adecuado.
Esto pondría en peligro la prestación de servicios mínimos por parte de los procuradores y el coste de las transacciones profesionales individuales.
Las funciones de los Procuradores de los Tribunales son esenciales para la administración de Justicia en España por lo que es indispensable garantizar que los procuradores reciban una remuneración adecuada, teniendo en cuenta el aumento del coste de la vida y las nuevas competencias que deben adquirir constantemente.
Recomiendan, desde los diferentes Colegios de Procuradores de España, algunas asociaciones de Procuradores como Procuespaña y los Procuradores en Madrid, modificar la estructura de honorarios arancelarios aprobados, y aclarar que a la hora de calcular los costes se debe tener en cuenta el importe cobrado por actividades profesionales, para reforzar el Estado de derecho.
