El nuevo Reglamento de Extranjería tendrá un impacto relevante en la integración y formalización del empleo

• Los sectores empresariales que previsiblemente se verán más favorecidos, serán aquellos que sufren una falta estructural de mano de obra, como agricultura, hostelería, construcción y servicio doméstico.
• Bruselas hará un seguimiento político y técnico para garantizar que estas medidas se mantengan alineadas con la estrategia migratoria europea común.

El nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, supone una de las reformas más profundas del sistema migratorio español de las últimas décadas. La norma redefine el modelo de acceso a la residencia y al trabajo en España para ciudadanos extracomunitarios, reforzando especialmente las vías de regularización por arraigo, la reunificación familiar y la inserción laboral.

Según explica Patricia Ruiz Bautista, Abogada experta en Movilidad Internacional e Inmigración y profesora del Curso de Movilidad, Extranjería y Nacionalidad de CEF.- UDIMA, “el reglamento pivota sobre tres grandes ejes: empleo, formación y familia, en coherencia con las necesidades demográficas y del mercado laboral español”. Esta reforma afecta a ámbitos clave como son la entrada, estancia y residencia de personas de países no pertenecientes a la UE; las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena y propia; la movilidad intraeuropea; la contratación en origen; el régimen sancionador y las residencias por circunstancias excepcionales.

Con esta nueva normativa, Latinoamérica y África concentrarán gran parte de las solicitudes, por lo que se prevé que los principales beneficiarios de las nuevas medidas de regularización procedan de países como Colombia, Perú y Venezuela, así como de Marruecos y distintos países del África subsahariana. “Son nacionalidades que ya tienen una presencia consolidada en España y que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de irregularidad sobrevenida o con dificultades para renovar su estatus administrativo”, señala la profesora de CEF.- UDIMA.

La actual situación de regularización está provocando dificultades burocráticas en las solicitudes, porque aunque el nuevo reglamento introduce mecanismos de flexibilización documental, especialmente en la acreditación de la permanencia en España, la obtención de certificados sigue siendo uno de los principales obstáculos prácticos. No obstante, destaca como novedad que la Administración pueda recabar de oficio esta documentación, cuando haya transcurrido un mes desde la solicitud realizada por el interesado, mediante coordinación con las autoridades extranjeras.

Desde el punto de vista económico y social, Patricia Ruiz Bautista considera que la reforma tendrá un impacto relevante en la integración y formalización del empleo. “Estamos hablando de integrar en el sistema a personas que ya viven y trabajan en España, pero en situación de informalidad. Eso implica más derechos, pero también más obligaciones laborales y de cotización”, afirma.

Los sectores empresariales que previsiblemente se verán más favorecidos por la reforma serán aquellos que sufren una falta estructural de mano de obra. Entre ellos destacan la agricultura, la hostelería y el turismo, la construcción y el sector de los cuidados y empleo doméstico. Es de destacar que determinadas empresas, que venían funcionando con trabajadores en situación irregular, deberán adaptarse al nuevo marco legal, mientras que la economía informal verá reducido su margen de actuación.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo reglamento afecta a los solicitantes de protección internacional. Según la experta, la nueva regulación “abre una vía alternativa para personas que, tras pasar por el sistema de asilo, quedaban en situación irregular, porque ese tiempo no computaba a efectos de arraigo”.

Respecto al posible encaje europeo de la reforma, se descarta obstáculos jurídicos inmediatos por parte de la Comisión Europea. El reglamento español se ha diseñado respetando el marco comunitario e incorpora directivas europeas, por lo que formalmente es compatible con el Derecho de la Unión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la Unión Europea se encuentra desplegando el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un contexto en el que Bruselas seguirá de cerca cualquier medida nacional de regularización. “Más que trabas jurídicas, cabe esperar un seguimiento político y técnico para garantizar que estas medidas se mantengan alineadas con la estrategia migratoria europea común”, concluye Patricia Ruiz Bautista.