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jueves, 10 de septiembre de 2026

Escándalo en la AEPD: Presuntamente hay inspectores tramitando expedientes fuera del marco legal – 2ª parte

 

Edificio Cuzco IV nueva sede de la AEPD en el Paseo de la Castellana 141 


Denuncian opacidad y presuntas irregularidades en la asignación de puestos de inspectores en la Agencia Española de Protección de Datos

  • Desde 2023, varios funcionarios ocupan puestos mediante adscripciones provisionales que suponen un aumento salarial de casi 1.800 euros anuales.
  • La maniobra no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se prolonga ya por más de tres años, contraviniendo la naturaleza excepcional y urgente de esta figura jurídica.


SERVIPRESS / ALICANTE - ESPAÑA / ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Se profundiza en la grave crisis de gestión de recursos humanos en el seno de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Tras las primeras irregularidades destapadas sobre la asignación de plazas, se levantan sospechas sobre la gestión de recursos humanos. En el año 2023, el organismo creó una serie de nuevos puestos de instructores e inspectores de nivel 26. Aunque la forma de adscripción oficial para estos cargos debía ser mediante concurso de méritos, en la práctica se adjudicaron bajo la figura de la "adscripción provisional" a personal funcionario que ya formaba parte de la propia agencia. Así consta en la página 101 de la Memoria Anual de 2023, donde la AEPD utilizó esta forma de adscripción en algunos casos, sin aparente excepcionalidad y urgencia.

“Asimismo, se han provisto 16 puestos de trabajo, ya sea en comisión de servicios o en adscripción provisional.”

Tal como publicamos el 27 de agosto, al menos siete de esos puestos, corresponden a inspectores/instructores que permanecen de forma provisional después de haber transcurrido más de tres años de su nombramiento.

El aspecto más controvertido de este movimiento administrativo radica en las condiciones económicas. Los funcionarios beneficiados ya ocupaban puestos de inspección e instrucción con el mismo nivel (26) y un complemento específico de 13.338,36 €. Sin embargo, los nuevos puestos creados contaban con un complemento específico de 15.103,62 €. Esta maniobra supuso, de facto, un incremento salarial directo de 1.765,26 € anuales para el personal seleccionado.

Opacidad administrativa y puestos duplicados

El método utilizado por la AEPD para materializar estos nombramientos consistió en el cese formal del funcionario en su puesto anterior y su nombramiento inmediato en el nuevo cargo bajo la mencionada adscripción provisional. Sorprendentemente, ninguno de estos movimientos administrativos ha sido reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hurtando así al proceso de la transparencia exigible a cualquier organismo público.

A fecha de hoy, y transcurridos más de tres años desde los nombramientos iniciales, la situación de provisionalidad se mantiene inalterada. Asimismo, los puestos originales de los que fueron cesados los funcionarios siguen vigentes en la relación de puestos de trabajo y no han sido suprimidos, generando una práctica duplicidad estructural.

Dos casos "curiosos": el baile administrativo del puesto 5079209 y la drástica bajada del complemento específico a pesar de la subida de categoría.

Como ejemplo ilustrativo de las peculiaridades y la inestabilidad en la gestión de personal dentro de la AEPD, resulta llamativo el historial reciente del puesto de Inspector/a Instructor/a (código 5079209). En un periodo de poco más de tres años, la plaza ha encadenado ceses, vacantes prolongadas, un concurso de méritos y, finalmente, una comisión de servicios rápida:


El otro caso de indudable “curiosidad” es el puesto 5710818. Dicho puesto fue adjudicado también de forma provisional al funcionario/a que ocupaba el puesto 3505075 el 1 de junio de 2023. Lo que llama poderosamente la atención es que, dicho funcionario/a ocupaba un puesto nivel 17, cobrando un complemento específico de 8.201,76 €. A pesar de que se le asignó un puesto con nivel 22, su complemento específico paso a ser de 5.991,02, es decir, 5 niveles más, pero con 2.210,74 € menos, todo ello dentro del mismo dpto. (S.G. DE INSPECCIÓN DE DATOS).

Dudas razonables sobre su encaje legal


A pesar de que la AEPD es una autoridad independiente y tiene la potestad de la organización y reestructuración de su organigrama, la figura de la adscripción provisional —contemplada en el ordenamiento jurídico español para la provisión de puestos en la Administración Pública— tiene una naturaleza estrictamente cautelar, excepcional y urgente. Diversas sentencias del Tribunal Supremo han consolidado jurisprudencia en este sentido, acotando su uso para evitar que se convierta en una vía paralela y discrecional de contratación o de mejora salarial permanente.

En este contexto, resulta sumamente cuestionable cómo puede justificarse la excepcionalidad y la urgencia cuando se produce la creación de estos nuevos puestos, su adjudicación inmediata a personal de la propia AEPD que ya estaba ejerciendo esas mismas funciones y, sobre todo, el mantenimiento de esta situación de temporalidad durante más de tres años.

Esta prolongación continuada de las adscripciones provisionales desvirtúa por completo el espíritu de la norma.

Silencio institucional


Con carácter previo a la difusión de esta información, los autores de la investigación se pusieron en contacto formalmente con el gabinete de prensa de la Agencia Española de Protección de Datos para ofrecerles el derecho de réplica y solicitar la confirmación, aclaración o rectificación pertinente sobre estos movimientos de personal. Sin embargo, en el momento de la publicación de esta noticia, el organismo no ha emitido ninguna respuesta ni ha ofrecido su versión oficial sobre los hechos expuestos.



Fuente y redacción: Pedro José Masià Samper.
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miércoles, 9 de septiembre de 2026

La vuelta al cole en España llega con deducciones fiscales por gastos escolares y compra de libros… pero no para todos


  • Galicia, Castilla y León, País Vasco o Navarra son las únicas comunidades que no ofrecen deducciones fiscales en la declaración de la renta por los gastos relacionados con la escolarización de los hijos o la compra de material escolar
  • Los cursos de idiomas o la compra de uniformes son otros de los gastos deducibles en nuestra renta
  • En función de la CCAA en la que residamos tendremos acceso a unas u otras deducciones, según informan desde TaxDown




ROIPRESS / ESPAÑA / FISCALIDAD  – En pocos días comienza una vuelta al cole cargada de gastos para las familias. Según la OCU, las familias gastarán alrededor de 2.500 euros por hijo de media, una cifra que sube de manera notable para los padres y madres que eligen un colegio privado para sus hijos. Solo los gastos de equipación para la vuelta al cole como libros, material o uniforme pueden suponer más de 500 euros por alumno de coste medio, dependiendo de la comunidad autónoma.


Y es que según el lugar en el que residamos, además de pagar más o menos por la compra de libros y material escolar, también tenemos acceso a algunas deducciones por gastos escolares que podremos aplicarnos en nuestra próxima declaración de la renta y aliviar algo la carga de la vuelta al cole.

¿En qué consisten estas deducciones fiscales por gastos escolares?

Según informan desde TaxDown, se trata de deducciones que pueden aplicarse los padres u otros ascendientes que convivan con hijos escolarizados y dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, las deducciones varían en cuanto a la cantidad y al tipo del material escolar beneficiado. En todos los casos es importante guardar los comprobantes y los tickets de las compras por si Hacienda los reclama más adelante.

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¿Qué CCAA ofrecen deducciones por gastos educativos?


Hay cuatro comunidades autónomas en las que los contribuyentes no pueden deducirse ningún gasto de la vuelta al cole. Estas son Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra. En el resto de comunidades hay distintas deducciones aplicables por el material escolar, la guardería o los cursos de idiomas, entre otras.

• Andalucía: ofrece una deducción para las familias del 15% de los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas o de informática con un importe máximo de 150 euros por cada descendiente.

• Aragón: las familias aragonesas podrán beneficiarse de una deducción del 100% de las cantidades destinadas para la compra de libros de texto y de material escolar con distintos límites dependiendo de la base imponible de la familia.
También en Aragón existe una deducción del 15% de los gastos de guardería de hijos menores de 3 años con un máximo de 250 euros por cada hijo inscrito en guarderías antes de que cumpla los 3 años y de 125 euros en el año en el que el niño cumple los 3 años de edad. También cuentan con una deducción para aliviar los gastos de las clases de apoyo o refuerzo impartidas en horario extraescolar.

• Asturias: en esta comunidad autónoma también encontramos una deducción por adquisición de libros de texto y material escolar del 100% de los importes destinados a la compra. El límite varía en función de la base imponible de los contribuyentes.
Y las familias con niños de entre cero a tres años también cuentan con una deducción del 15% de los gastos con un máximo de 500 euros anuales por cada descendiente.

• Baleares: ofrece bonificaciones del 100% en libros de varios niveles educativos con un límite de hasta 220 euros por hijo o hasta 350 euros en casos particulares. También hay deducciones por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros y para cursar estudios superiores fuera de la isla de residencia. 

• Canarias: es una de las comunidades autónomas con más ventajas fiscales. Ofrece a sus residentes deducciones de hasta 1.800 euros por gastos de estudios de educación superior, que podrían llegar a los 1.920 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 36.300 euros. También hay deducciones por gastos de guardería y por otros gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

• Cantabria: esta es otra de las comunidades autónomas con más deducciones para la vuelta al cole, con un total de cuatro. Una de ellas del 15% de los gastos de guardería de los hijos, con un límite de 300 euros anuales. Esta deducción sube hasta el 30% de las cantidades satisfechas con un máximo de 600 euros para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria con reto demográfico. También cuenta con otra deducción por gastos de traslado por razón de estudios a zonas rurales de Cantabria con baja población y una última deducción por gastos generales de educación como compra de libros de texto o enseñanza de idiomas.

• Castilla-La Mancha: cuenta con una deducción de hasta el 100% de los gastos en la adquisición de libros de texto y de un 15% de lo gastado en enseñanza de idiomas recibida como actividad extraescolar. El límite varía en función del tipo de familia. También cuenta con una deducción por gastos de guardería del 30%.

• Castilla y León: esta CCAA no ofrece ninguna deducción por gastos educativos para hacer frente a la vuelta al cole.

• Cataluña: contempla una deducción relacionada con el pago de los intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado. Pero no ofrece otras ayudas para gastos de hijos en educación infantil, primaria o secundaria.

• Extremadura: los contribuyentes extremeños podrán deducir en esta comunidad solamente 15 euros por la compra de material escolar por cada descendiente a cargo.

• Galicia: al igual que Castilla y León, esta CCAA no ofrece ninguna deducción por gastos educativos.

• Madrid: las familias madrileñas pueden deducirse distintos gastos escolares. El 5% de los gastos de compra de uniformes; el 15% de los gastos de enseñanza de idiomas y el también el 15% de los gastos de escolaridad durante las etapas correspondientes al segundo ciclo de educación infantil, a la educación básica obligatoria y hasta la formación profesional básica. También cuenta con una deducción por el pago de intereses de préstamos a estudios de grado, máster y doctorado.

• Murcia: además de una deducción del 20% por los gastos de guardería, las familias murcianas también pueden beneficiarse de una deducción de 120 euros por cada descendiente por la adquisición de material escolar y libros de texto derivados de la escolarización de sus descendientes en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. 

• Navarra: no hay ninguna deducción para que las familias navarras afronten la vuelta al cole este mes.

• País Vasco: tampoco ofrece ninguna deducción por gastos educativos en ninguno de sus tres territorios.

• La Rioja: esta comunidad autónoma solo ofrece una deducción por cada hijo de 0 a 3 años inscrito en escuelas infantiles o centros de educación infantil de cualquier municipio de La Rioja con un importe del 30% de los gastos de escolarización y un límite máximo de 600 euros por menor.

• Comunidad Valenciana: existe una deducción de 110 euros por las cantidades destinadas a la adquisición de material escolar. Sin embargo, para optar a esta deducción, uno de los dos progenitores debe encontrarse en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo en un servicio público. Además hay otra deducción para la custodia en guarderías o centros de educación infantil de hijos menores de 3 años del 15% de los gastos totales con un límite máximo de 297 euros.


“Estas deducciones relacionadas con la vuelta al cole pueden suponer un gran alivio para muchas familias ya que en algunos casos se puede recuperar hasta el 100% de lo gastado en libros de texto, por ejemplo. Eso sí, es importante guardar todos los tickets de las compras que hagamos este nuevo curso, por si la Agencia Tributaria nos los solicita más adelante”, afirma Enrique García, CEO de TaxDown.




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lunes, 7 de septiembre de 2026

Una operación ship-to-ship pone bajo sospecha el gasoil de un cargamento que llega a Barcelona

 



/ IBERIAN PRESS / Los registros de actividad de varios petroleros abren dudas sobre el posible origen de un cargamento de gasóleo para Petroprix que se dirige al puerto de Barcelona. 

Jonathan Mayor Sánchez, trader del sector, pone el foco en una operación ship-to-ship entre dos buques como uno de los hechos que dificultan determinar la trazabilidad del producto y plantea la posibilidad de que el cargamento, como aparece en la documentación de uno de ellos,  tenga origen ruso.

En concreto,  uno de los que ha hecho saltar las alarmas es el MT KATE (IMO 9292826), que figura en la documentación disponible como buque tanque para transporte de petróleo, construido el 28 de enero de 2005, con 49.000 toneladas de peso muerto (DWT). 

Según los datos de los que disponen, el buque se dirige actualmente hacia la terminal de TEPSA en Barcelona (Muelle de la Energía, Puerto de Barcelona) para la descarga de su cargamento de forma inminente.

Y puede ser, según comentan, parte de un enlace con el MT SERENADE (IMO 9318541), buque que documentó una operación de descarga en el fondeadero de Port Said OPL (Egipto), según el informe de inspección independiente (Rochem Inspectors Petroleum Cargo Surveying, Report No. 1754-A/2026). 

De ser así, se estaría ante una técnica ya conocida como ship-to-ship que utilizan algunos operadores para salvarse de las sanciones de la UE que, tras el ataque de Rusia a Ucrania, prohibió las importaciones del país dirigido por Vladimir Putin.

“El puerto de carga original, según el informe, es OPL Kavkaz, Rusia. Pero no ha sido el único puerto ya que, según consta en la tabla de “Vessel Experience Factor”, Kavkaz, Taman, Novorossiysk, Tuapse, San Petersburgo, Primorsk y Ust Luga,  aparecen como origen en al menos 14 de los últimos 20 viajes registrados”, explica Mayor Sánchez.

A partir de ahí, aparece la operación ship-to-ship explícitamente en el registro de bombeo, "Complete DISCHARGE 2ND PARCEL BY MT KATE REQUEST". Es decir, la segunda parcela de carga del MT SERENADE fue transferida, en apariencia, mediante operación ship-to-ship (STS), a solicitud del propio MT KATE que se dirige al puerto catalán.

“Este patrón —carga en puerto ruso, transbordo STS en un fondeadero neutral fuera de la UE, y destino final en un puerto europeo— es un mecanismo ya documentado que puede dificultar la trazabilidad del origen del producto ante el régimen de sanciones impuesto en territorio europeo”, añaden. 

Con ello, estarían consiguiendo gasóleo ruso a un precio mucho más competitivo que el resto de operadores.

     MT KATE

Dato

Información

Nombre

KATE

IMO

9292826

MMSI

352004585

Tipo

Tanker for oil / petrolero para transporte de petróleo

Construcción

28 enero 2005

DWT

49.000 toneladas

Bandera

Panamá

Armador indicado

Rainbow Global Shipping Inc.

Clase

DNV


     MT SERENADE (buque de origen del transbordo documentado)

Dato

Información

Nombre

SERENADE

IMO

9318541

Naviera / sello

New Fleet Ltd. (Sochi, Rusia)

Cargamento

ULSD 10PPM

Puerto de carga declarado

OPL Kavkaz, Rusia

Puerto de descarga / STS

Port Said OPL, Egipto

Fecha de la operación

12–14 julio 2026

Inspector

Rochem Inspectors Petroleum Cargo Surveying (Tarek Ramadan, Cargo Surveyor)

Informe

Report No. 1754-A/2026


     Cronología documentada (Rochem, Report 1754-A/2026)

Fecha

Hora

Acción

10/7/2026

21:18

Buque fondeado

12/7/2026

13:54–16:00

Maniobra de amarre completa

12/7/2026

20:06–21:36

Inspección de tanques

13/7/2026

03:24

Inicio descarga 1ª parcela

14/7/2026

10:36

Fin descarga 1ª parcela

14/7/2026

13:00–16:18

2ª parcela descargada a solicitud del MT KATE

14/7/2026

19:30–20:42

Inspección final de tanques y cálculo


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lunes, 10 de agosto de 2026

GITGE comunica la conclusión de la etapa del Dr. Óscar Ondo como director general

La institución formaliza el cambio en su dirección tras trece años de gestión centrada en el desarrollo de infraestructuras


El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE) ha oficializado la conclusión de la etapa del Dr. Óscar Ondo Ngomo Nchama al frente de la dirección general. El cambio se produce en cumplimiento del Decreto Presidencial número 78/2026, emitido el pasado 4 de agosto, que formaliza su salida tras casi trece años de ejercicio continuado en el cargo.

El Dr. Óscar Ondo inició su labor al frente de la entidad el 15 de agosto de 2013, tras haber ocupado previamente el puesto de director general adjunto. Durante este periodo, la institución se centró en la construcción, ampliación y consolidación de la infraestructura pública de telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial.

La gestión del Dr. Ondo estuvo marcada por hitos en la infraestructura física, incluyendo la gestión de los cables submarinos que vinculan al país con las rutas internacionales y la interconexión entre la región continental y la insular. Entre los proyectos realizados destacan el despliegue de la red nacional de fibra óptica, el desarrollo de la red FTTH y la puesta en marcha de los puertos digitales en Malabo, Bata y Kribi, además de las infraestructuras conocidas como CEIBA-2, Ultramar y SAIL.

En el ámbito institucional, la entidad intensificó sus vínculos con operadores y organismos internacionales, participando en foros como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, AfricaCom y GITEX Africa. Paralelamente, se impulsaron programas de formación y divulgación tecnológica como GITGE Educa, GITGE Conéctate, Identic GE y TEG Campus, orientados a facilitar el acceso a la conectividad y a las competencias digitales entre los jóvenes del país.

Tras finalizar esta etapa en GITGE, el Dr. Óscar Ondo asume un nuevo cargo como secretario de Estado encargado de Sistemas de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones y Aviación Civil. Por su parte, la dirección general de la entidad ha sido asumida por Don Salvador Nguema Funtan, según lo dispuesto en el Decreto Presidencial número 86/2026.

GITGE, entidad pública creada en 2011, mantiene su objetivo de operar, mantener y comercializar las infraestructuras de telecomunicaciones del país. La institución afronta esta nueva fase bajo el compromiso de dar continuidad al desarrollo de sus redes y adaptarse a las necesidades actuales de conectividad y transformación digital en Guinea Ecuatorial.



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domingo, 2 de agosto de 2026

Mercedes Pereira asume la presidencia de SEFAP con el objetivo de consolidar al farmacéutico de atención primaria como red de seguridad farmacoterapéutica para el paciente


  • Mercedes Pereira considera que el futuro de la profesión no debe construirse únicamente desde la reivindicación de plazas o estructuras, sino desde la identificación de los problemas actuales del sistema y demostrando de qué manera el farmacéutico de Atención Primaria puede contribuir a resolverlos.
  • La nueva junta directiva pretende dar visibilidad a la solución asistencial que aporta el farmacéutico de atención primaria, al que consideran hoy una “necesidad invisible”, y construir un modelo profesional que pueda desarrollarse de forma viable en todas las comunidades autónomas.


Mercedes Pereira, nueva presidenta de SEFAP. 


ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES – La farmacéutica de atención primaria gallega Mercedes Pereira ha sido elegida como nueva presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP). La nueva Junta Directiva afirma asumir “con responsabilidad” el inicio de una etapa que pretende dar visibilidad a la solución asistencial que aporta el farmacéutico de atención primaria, al que consideran hoy una “necesidad invisible”, y construir un modelo profesional que pueda desarrollarse de forma viable en todas las comunidades autónomas.


La nueva presidenta ha querido tener unas palabras de agradecimiento para la junta directiva saliente y para su antecesor en el cargo, José Manuel Paredero, que en su opinión han mantenido abiertas cuestiones importantes para la profesión como la especialidad, la presencia del FAP en el entorno asistencial, la definición de funciones, la relación con las administraciones y debates normativos relevantes, como el anteproyecto de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios: “Nosotras recogemos ese trabajo. No partimos de cero”. 

Definir, explicar y medir mejor para poner en valor el trabajo del FAP


La nueva presidenta considera que uno de los principales desafíos de la profesión no está únicamente en desarrollar una actividad clínica relevante, sino en conseguir que esta sea entendida fuera del propio colectivo.

“Después de muchos años trabajando como farmacéutica de Atención Primaria, sé bien lo que aportamos, pero también sé que en ocasiones nos cuesta explicarlo”, afirma Pereira, que destaca que el propósito de la nueva junta es hacer visible esa actividad “sin ruido”, apoyándose en el trabajo cotidiano, los datos y la experiencia real de los servicios de salud.

En ese sentido, añade, la primera prioridad de la nueva junta será establecer una definición clara del farmacéutico de Atención Primaria, de sus responsabilidades y de su ámbito competencial. “No basta con que nosotros sepamos lo que hacemos. Deben entenderlo también los equipos asistenciales, los gestores, las administraciones y los pacientes”, apunta la presidenta, que considera esencial responder con precisión a dos preguntas: qué hace el FAP y en qué momentos su participación resulta especialmente necesaria.

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Al respecto, la nueva junta considera que el “espacio prioritario” debe ser el paciente ambulatorio con tratamientos complejos: personas con enfermedades crónicas, con alta frecuencia de consultas a múltiples profesionales, con cambios frecuentes de tratamiento o que tras el alta hospitalaria o por inercia de prescripción, continúen con tratamientos que quizá ya no resulten necesarios, lo que puede propiciar problemas de seguridad, necesidad de ajustes o situaciones que precisan de una revisión para optimizar el tratamiento.

“El paciente crónico vive fuera del hospital, así que la seguridad de su medicación también debe estar allí. Cada medicamento puede tener un prescriptor, pero el paciente necesita que alguien revise el conjunto del tratamiento, sus interacciones, sus duplicidades, sus riesgos y su adecuación a la situación clínica actual”, añade.

La segunda gran transformación que quiere impulsar la nueva junto en este sentido será avanzar desde el registro de actividad hacia la medición de resultados. Muchas intervenciones del FAP tienen como finalidad evitar acontecimientos que finalmente no llegan a producirse (una caída, una hipoglucemia, un sangrado, una duplicidad, una interacción grave, un ingreso evitable o la continuación innecesaria de un tratamiento), una naturaleza preventiva que provoca que una parte importante del trabajo de los farmacéuticos de atención primaria permanezca oculta.

“En seguridad, muchas veces el éxito es precisamente lo que no ocurre”, afirma Mercedes Pereira, cuya junta pretende promover indicadores comunes, proyectos multicéntricos y sistemas de registro que permitan demostrar qué cambia tras una intervención farmacéutica. El objetivo, según la presidenta, no será acumular cifras de actividad, sino relacionar el trabajo desarrollado con resultados clínicos, seguridad, capacidad resolutiva, eficiencia y experiencia del paciente. “Medir no es contar cuántas cosas hacemos. Es saber qué mejora gracias a que las hacemos. Y la medición, además, permitirá presentar a las administraciones propuestas comprensibles y comparables, facilitando que el crecimiento profesional se vincule a necesidades reales del sistema”, argumenta.

“El sistema necesita profesionales que demuestren qué problemas pueden resolver”


La consecución de una especialidad propia seguirá formando parte de la agenda de SEFAP, aunque la nueva Junta quiere situarla dentro de un proyecto profesional más amplio. Para Pereira, la especialidad no puede reducirse a una denominación ni plantearse únicamente como una reivindicación corporativa.

“La especialidad no es un título, es una garantía para el paciente. Por eso, su justificación debe residir en asegurar que el profesional encargado de intervenir sobre pacientes ambulatorios complejos disponga de una formación adecuada, competencias homogéneas y un reconocimiento acorde con la responsabilidad asumida”, argumenta la nueva presidenta, que considera que antes de cerrar cualquier propuesta, será necesario responder a cuestiones técnicas cómo: qué competencias deben integrar la formación, dónde debe desarrollarse, quién debe ejercer la tutoría, qué relación debe mantener con otros ámbitos farmacéuticos y cómo reconocer la experiencia de quienes llevan años trabajando como FAP.

La experiencia profesional de la nueva presidenta y de su vicepresidenta, Silvia M.ª Reboredo García, por último, sitúa inevitablemente a Galicia dentro del debate sobre la integración del farmacéutico de Atención Primaria, ya que Galicia cuenta con una trayectoria consolidada en la incorporación de estos profesionales a las estructuras de Atención Primaria, próximos a los equipos asistenciales, a la gestión y a los procesos de decisión relacionados con los medicamentos.

Para Pereira, esa experiencia permite conocer “no solo las ventajas del modelo, sino también sus dificultades reales de implantación”. La nueva presidenta, sin embargo, matiza que el objetivo no será trasladar mecánicamente una estructura idéntica al conjunto del Sistema Nacional de Salud, ya que cada comunidad autónoma parte de una situación diferente: algunas disponen de servicios consolidados; otras cuentan con unidades reducidas, profesionales integrados en estructuras hospitalarias o modelos todavía incipientes.

Por ello, apunta, la nueva junta directiva no propondrá una reforma uniforme que pueda generar un rechazo inicial por su complejidad organizativa o por requerir una inversión inmediata difícilmente asumible. “Galicia muestra hasta dónde puede llegar la Farmacia de Atención Primaria. El camino, sin embargo, debe construirse desde la realidad de cada comunidad autónoma. SEFAP pretende así construir una visión nacional sustentada en la realidad y no en un modelo teórico único”, subraya.

En ese mismo sentido, Mercedes Pereira considera que el futuro de la profesión no debe construirse únicamente desde la reivindicación de plazas o estructuras, sino desde la identificación de los problemas actuales del sistema sanitario (envejecimiento, cronicidad, polimedicación, fragmentación asistencial, escasez de profesionales médicos, etc.) y demostrando de qué manera el farmacéutico de Atención Primaria puede contribuir a resolverlos.

“El sistema no necesita una profesión que reclame espacio. Necesita profesionales que demuestren qué problemas pueden resolver. Y en este escenario, SEFAP quiere presentar al FAP como un profesional que aporta capacidad resolutiva, prevención, coordinación y seguridad”, concluye. 




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jueves, 30 de julio de 2026

Gold Puerto Banús renueva su propuesta de cocina italiana tradicional y ambiente de ocio en la Costa del Sol

 



ROIPRESS / MARBELLA - ESPAÑA / HOSTELERÍA - El establecimiento gastronómico Gold Puerto Banús, ubicado en el enclave náutico de Marbella, ha anunciado la actualización de su oferta gastronómica de raíz italiana, su carta de caldos internacionales y su programación de ocio para la temporada estival. Con más de dos décadas de actividad ininterrumpida desde su apertura en 2004, la firma consolida un modelo operativo centrado en la elaboración de recetas tradicionales con producto fresco, servicio diario continuado y una propuesta de maridaje orientada al público nacional e internacional.

La consolidación de su catálogo culinario responde a la evolución de la demanda en la franja litoral malagueña por parte de quienes buscan un restaurante en Puerto Banús que combine la cocina mediterránea de origen con instalaciones adaptadas para eventos y cenas en primera línea de costa. La infraestructura del establecimiento, provista de una terraza con vistas directas sobre la bahía, mantiene un servicio ininterrumpido durante los 365 días del año que abarca desde desayunos y almuerzos hasta cenas y coctelería de autor.

La propuesta técnica de la cocina se fundamenta en la elaboración diaria de pasta fresca, masas de pizza artesanales de fermentación natural y platos representativos de las distintas regiones de Italia. Este enfoque gastronómico se complementa con una bodega que recorre la geografía vitivinícola transalpina, incorporando referencias de Denominación de Origen como Prosecco del Véneto, Barolo del Piamonte, Chianti Clásico y Brunello di Montalcino de la Toscana, o Amarone de la Valpolicella, además de una selección de champagnes franceses y vinos nacionales.


Paralelamente a la oferta gastronómica, el espacio ha integrado una agenda de ambientación musical en directo que contempla actuaciones de saxofón, dúos acústicos y sesiones de música ambiental a cargo de DJ residentes durante las veladas de verano. Esta oferta de ocio busca articular una experiencia completa que aúne la tradición culinaria, el servicio de sala y el aprovechamiento del entorno marítimo del puerto deportivo.

"A lo largo de nuestras dos décadas de trayectoria en la Costa del Sol, el objetivo prioritario ha sido preservar la identidad de la cocina italiana artesanal, trabajando con ingredientes frescos y un equipo técnico originario de Italia que conoce bien el producto.", explica Lara, propietaria y responsable de gestión de Gold Puerto Banús.

Con la actualización de sus menús de temporada y el refuerzo de sus servicios de reserva previa para eventos privados, la compañía reafirma su posicionamiento dentro del sector de la restauración en el municipio marbellí. Los menús completos, la carta de vinos y la programación de eventos se encuentran accesibles a través de sus canales oficiales.


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sábado, 25 de julio de 2026

Rex+ y Codify sellan alianza estratégica entregando al mercado el Estudio Salarial más grande de Chile en línea y tiempo real


La integración permitirá a las empresas acceder al estudio salarial más grande y actualizado del país, con información de más de 1.500 empresas y 350.000 cargos homologados con mercado, directamente desde su plataforma de remuneraciones 



ROIPRESS / CHILE / ALIANZAS - En un escenario donde la competitividad laboral cambia constantemente y la retención de talento se ha vuelto un desafío estratégico para las organizaciones, Rex+ anunció una alianza estratégica con Codify para integrar inteligencia salarial en tiempo real dentro de su ecosistema de gestión de personas, marcando un nuevo estándar en la toma de decisiones sobre compensaciones en Chile.


La solución permitirá que las empresas accedan directamente desde Rex+ al benchmark salarial más completo y actualizado del mercado, con información proveniente de más de 1.500 empresas y más de 350.000 cargos homologados, entregando datos salariales dinámicos basados en datos reales y actualizados permanentemente, bajo estrictas normas de anonimización y seguridad de la información.

A diferencia de los estudios salariales tradicionales, que suelen actualizarse una vez al año y quedar rápidamente obsoletos, esta alianza permitirá comparar remuneraciones en vivo según responsabilidades reales, niveles de seniority, áreas funcionales, rangos de venta, incluso te permitirá segmentar por la región del país, entregando una visión mucho más precisa del mercado.

“Las organizaciones necesitan dejar atrás la intuición y comenzar a tomar decisiones de personas basadas en evidencia. Integrar inteligencia salarial en tiempo real dentro de la operación diaria permite actuar con anticipación, mejorar la equidad interna y ser mucho más competitivos en atracción y retención de talento”, explica Andrés Gómez, CEO de Rex+. 

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Uno de los principales diferenciales de Codify es su sistema automatizado de homologación inteligente de cargos, potenciado con su motor de IA, que no compara únicamente nombres, que es erróneo e insuficiente para estos fines, sino funciones, responsabilidades y niveles reales dentro de la organización, utilizando un sistema metodológico único que permite comparar de manera eficiente y confiable.

Esta tecnología permitirá a áreas de Recursos Humanos y Finanzas optimizar presupuestos de compensaciones, detectar brechas de equidad interna, prevenir fuga de talento y reducir errores en decisiones salariales críticas que pueden llevar pérdidas significativas para las empresas.
“Hoy tomar decisiones salariales con estudios de hace meses es operar prácticamente a ciegas. Esta alianza busca entregar a las empresas información viva y accionable para que puedan definir compensaciones con mayor precisión, competitividad y respaldo estratégico”, señala Carlos Manríquez, CEO de Codify.

Según datos compartidos por Codify, actualmente solo el 20% de las organizaciones en Latinoamérica mide activamente su equidad salarial, mientras que 7 de cada 10 toman decisiones de personas sin información actualizada ni estructurada. A esto se suma que cada renuncia de un colaborador clave puede costar entre USD 15.000 y USD 50.000 para una empresa, dependiendo del cargo.

Con esta alianza, Rex+ y Codify buscan responder a una necesidad creciente del mercado: profesionalizar la gestión de compensaciones con herramientas tecnológicas, automatización y análisis predictivo, integrando por primera vez la inteligencia salarial directamente dentro de la operación de nómina y gestión de personas.




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domingo, 5 de julio de 2026

El Defensor del Pueblo ampara la opacidad en la AEPD: denegada la investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de personal funcionario

 

Imagen generada por IA. 


SERVIPRESS / ESPAÑA / ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Un ciudadano ha puesto al descubierto un presunto caso de desviación de poder en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), destapando al mismo tiempo la inacción deliberada del Defensor del Pueblo. Ante las evidencias aportadas, el Defensor del Pueblo ha optado por la inacción. Tras descartar su competencia por el supuesto estatus de la AEPD, la institución ha bloqueado la queja argumentando una presunta falta de 'interés legítimo'. Esta respuesta ignora que la funcionaria señalada participó en la instrucción de expedientes en los que el denunciante era parte interesada, acreditando una relación material directa con la actuación administrativa cuestionada.

El aval del Consejo de Transparencia ante la opacidad de la AEPD

Todo este caso ha salido a la luz gracias a la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ha tenido que intervenir ante la sistemática negativa de la AEPD a cumplir con sus obligaciones legales.

En su resolución estimatoria de 2 de junio de 2026 (Expediente 3012/2025), el CTBG obliga a la AEPD a entregar la documentación sobre el nombramiento de la funcionaria señalada, calificando dicha información como "hitos estrictamente profesionales" sujetos a publicidad y transparencia, y no como datos privados de la empleada. Esta resolución incluye un más que evidente tirón de orejas, al recordarle a la AEPD un criterio unificado y firmado por ambas instituciones. Medios especializados en noticias jurídicas también han publicado acerca de ello.

Un "traje a medida" en la AEPD con apariencia de legalidad

Los hechos denunciados, acreditados mediante documentación oficial obtenida tras la intervención del Consejo de Transparencia, apuntan a la presunta creación irregular de un puesto de inspector-instructor (nivel 26) en la AEPD, aprobado justo al asumir Cristina López Heras la Secretaría General. Ignorando vacantes similares, el puesto fue adjudicado a una funcionaria que habría coincidido con la Secretaria General en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para ejecutar este traslado siguió un procedimiento que se aparta de los cauces de concurrencia competitiva habituales y la AEPD recurrió a una "adscripción provisional". Asimismo, la AEPD ha mantenido a la funcionaria casi tres años en este puesto, clasificándolo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como "no vacante", hurtando de facto el derecho de otros funcionarios a concurrir a él de forma pública y competitiva.

La irregularidad se confirma con los siguientes hitos documentados:

  • El 27 de julio de 2023 se produjo el nombramiento de la funcionaria como INSPECTOR/A INSTRUCTOR de nivel 26 de forma provisional.
  • El puesto de 'Inspector/a-Instructor/a' (código 5710821), que no existía en la RPT de junio de 2023, fue creado y adjudicado mediante una 'ocupación provisional' firmada por la Secretaría General apenas semanas después de que asumiera el cargo.
  • Menos de un mes después de este nombramiento “a dedo”, el día 21 de agosto de 2023, la Agencia Española de Protección de Datos convocó cinco puestos de INSPECTOR/A INSTRUCTOR de Nivel 26.
  • La funcionaria adjudicataria no podía participar en dicho concurso porque había adquirido un puesto fijo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en diciembre de 2022, es decir, tan solo nueve meses antes.
  • Convocatoria forzada por la denuncia pública (22 de abril de 2026): Tras casi tres años de mantener el puesto blindado de manera provisional y fuera del alcance de la libre concurrencia, la AEPD ha claudicado repentinamente emitiendo una Resolución el 22 de abril de 2026 (publicada en el BOE n.º 104 el 29 de abril de 2026) para sacar a concurso específico el puesto con código 5710821. Este movimiento de última hora se produce directamente a raíz de la presión y la denuncia pública previa del caso, lo que evidencia un intento reactivo por regularizar la situación una vez que el escándalo ha quedado completamente destapado.


La documentación oficial indica que la funcionaria señalada figura simultáneamente en dos registros públicos con obligaciones funcionales distintas durante el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2023 y el 01 de enero de 2025. Mientras la RPT del Ministerio de Asuntos Exteriores mantenía su plaza, la AEPD le asignaba funciones de Inspectora-Instructora mediante adscripción provisional. Este solapamiento administrativo cuestiona la eficacia de los controles de personal en la Agencia.

Irregularidades adicionales en la contratación institucional

A esta arbitrariedad se suma un incumplimiento estatutario grave: la AEPD ignora su propio Estatuto Orgánico, omitiendo la publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de algunos puestos adjudicados mediante concurso, contraviniendo así el mandato establecido en su artículo 33.3. Un claro ejemplo sería el puesto 4726312: 20/12/2024 Concurso de méritos (Analista funcional N. 22 en SG).

También resulta un dato llamativo el abuso que realiza la AEPD de la "adscripción provisional", definida por el Tribunal Supremo como una figura del todo excepcional y temporal. Un 13% de la RPT de enero de 2026 se encuentra en adscripción provisional.

Otra anomalía son los siguientes seis puestos adjudicados mediante adscripción provisional, que acumulan más de tres años sin salida a concurso y figuran en las RPT como No vacantes, resultando en la práctica ser puestos fijos encubiertos:

Código del Puesto

Fecha de Adjudicación

Denominación

5678856

15/02/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)

5678857

16/02/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)

5678858

16/02/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)

5678859

16/02/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)

5678860

16/02/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)

5678855

01/03/2023

Inspector/a Instructor/a N. 26 (SGID)


Las excusas del Defensor del Pueblo: ignorancia jurídica e inhibición


Puestos estos graves hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo, la institución ha desplegado barreras burocráticas justificando su negativa a intervenir:

  • Primera excusa: Argumentó inicialmente que la AEPD es una "autoridad administrativa independiente" y, por tanto, carecían de competencia. Un argumento que ignora que todas las administraciones están bajo la supervisión del Defensor, incluso en materia de personal.
  • Segunda excusa: Tras ser rebatidos, alegaron que el denunciante no poseía un "interés legítimo" para presentar la queja. Sin embargo, la institución no ha valorado que la citada funcionaria realizó diligencias en dos expedientes donde el denunciante fue el reclamante y que fueron archivados, lo que demuestra una relación material unívoca entre la actuación denunciada y el afectado, desmintiendo así el argumento oficial del Defensor.


La flagrante contradicción: inacción ante hechos graves


La actuación del Defensor no depende exclusivamente de la defensa de un interés individual, sino también de la protección del interés general y del correcto funcionamiento de las administraciones públicas. De hecho, la ley le faculta para actuar de oficio cuando aprecia circunstancias que lo justifican.

En este caso, dada la gravedad del asunto, el "interés legítimo" del denunciante podría carecer de relevancia, sobre todo atendiendo al artículo 23.2 de la CE que estable el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos Resulta especialmente paradójica —y para la ciudadanía, preocupante— la postura del Defensor del Pueblo.

Mientras que esta institución ha hecho gala de su potestad de actuar de oficio para reclamar a las administraciones públicas mayor accesibilidad, atención presencial y un lenguaje comprensible en el actual proceso de digitalización, se niega a ejercer esta misma facultad para investigar estas graves irregularidades publicadas en medios de comunicación y acreditadas documentalmente.

Esta negativa a actuar de oficio frente a presuntos casos de desviación de poder, contrasta frontalmente con su labor pedagógica y fiscalizadora en otros ámbitos, evidenciando un doble rasero institucional: mientras que en temas de digitalización despliega su competencia sin necesidad de denuncia previa, en el caso de la AEPD levanta barreras burocráticas para evitar el escrutinio.

El precedente del Supremo: El Defensor ampara lo que él mismo practicó


La negativa a investigar resulta especialmente relevante al recordar que el Defensor del Pueblo fue condenado por el Tribunal Supremo (sentencia de 8 de octubre de 2019) por aplicar criterios similares de desviación de poder en procesos selectivos. La institución, en lugar de corregir estas desviaciones en el sector público, parece estar normalizando la opacidad administrativa.

"no cabe autolimitarse con tal procedimiento [...] para obviarlo cuando no entra en terna la persona deseada y ejercer de esta manera tal potestad al margen de esas reglas".

Los hechos ponen de manifiesto que las instituciones encargadas de velar por la legalidad parecen operar bajo un sistema de connivencia y protección mutua. La parte denunciante exige la inmediata revisión de los nombramientos señalados, la nulidad o anulabilidad de las actuaciones instruidas por personal asignado de forma irregular y el cese de las maniobras de bloqueo por parte de un Defensor del Pueblo que no desea fiscalizar las mismas infracciones por las que fue condenado.

Resulta del todo recomendable la lectura del siguiente artículo escrito por José Luis Martínez López-Muñiz Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid:



Nota: El autor de la investigación declara que se puso en contacto con el gabinete de prensa del Defensor del Pueblo solicitando aclaraciones, y confirma que a la fecha de la publicación de esta noticia se hubiera recibido respuesta alguna.


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